El lavado de dinero (página 2)

El Act Australiana de 1997, por su parte, lo define como
la participación directa o indirecta en transacciones que
involucren dinero u otros
bienes
provenientes de un delito. Para la
legislación inglesa, es el "convertir o participar de
cualquier modo en ayudar a que se controlen o retengan las
ganancias del tráfico de drogas,
resguardar dichos fondos o facilitar su inversión". La Ley de Suiza de
1985 anota que es la realización de un acto susceptible de
frustrar la verificación de la procedencia, el hallazgo o
la confiscación de valores
patrimoniales sabiendo o debiendo presumir que provienen de un
crimen.

En términos generales, el lavado de
dinero se refiere a cualquier bien, dinero, beneficio o
ganancia económica obtenida en forma ilícita, y
entre tales modalidades a todos aquellos otros bienes que
provengan del comercio
ilegal de drogas y otros actos ilícitos, cuyos fondos se
destinen a sociedades o
negocios
legítimamente constituidos (Solís,
2001).

Luego entonces ¿qué es el lavado de
dinero? El lavado de dinero consiste en la actividad por el cual
una persona, o una
organización criminal, se procesen las
ganancias financieras, resultado de actividades ilegales, para
tratar de darles la apariencia de recursos
obtenidos de actividades lícitas. Como en cualquier
negocio legítimo, una empresa
criminal necesita tener un rápido acceso a las ganancias
adquiridas a través de su ciclo de negocios (venta de bienes o
servicios).
(Solís, 2001).

A diferencia de un negocio legítimo, la empresa
criminal no puede operar abiertamente. Debe conceder "la naturaleza,
localidad, procedencia, propiedad o
control de
beneficios" producidos por su "negocio", para evitar ser
detectado por las autoridades competentes. Entonces, a
través del lavado de dinero, el criminal (sea una persona,
una organización, o una persona especialista en el lavado
de dinero) transforma las ganancias monetarias derivadas de una
actividad criminal en fondos provenientes, aparentemente, de una
fuente legal (Solís, 2001).

En términos generales, no existe una
definición única de lo que es el lavado de dinero,
y en algunos casos ni siquiera se ofrece una definición
del término (como sucede en las leyes anti-lavado
de Estados
Unidos, Titulo 18 sección 1956 y 1957). Sin embargo,
puede afirmarse que toda la actividad del lavado de dinero cae en
una de dos categorías: conversión o movimiento
(Solís, 2001).

La conversión tiene lugar cuando los productos
financieros cambian de una forma a otra, como cuando se compra un
negocio o un automóvil con ganancias ilícitas: los
productos ilícitos originales han cambiado de forma: de
dinero en efectivo, a un negocio o a un automóvil. Por
otra parte, se produce un movimiento, cuando los mismos productos
financieros cambian de localidades, como cuando los fondos son
transferidos electrónicamente a otra localidad
(Solís, 2001).

Una de las dificultades en identificar los movimientos
del lavado de dinero es que los empresarios legítimos
hacen cada día los mismos tipos de conversiones o
movimientos por la operación de sus negocios
(adquisiciones de capital,
inversiones,
ventas de
productos, distribución de dividendos, pago de
salarios). En
el proceso de
lavado de dinero, el criminal tiene la misma intención:
ayudar a su negocio; sin embargo, tiene además un interés
adicional: las conversiones y movimientos del lavado de dinero le
permiten disfrazar la verdadera procedencia ilegal de los fondos
(Solís, 2001).

La
historia de
siempre

En cualquier país, día a día, se
está haciendo una práctica común en diversas
actividades económicas y sociales, sea ese país
industrializado o de desarrollo
medio; esa práctica es la corrupción, no importando para ello el
régimen político. Lamentablemente esa actividad va
cobrando mayor fuerza por su
estrecha vinculación al narcotráfico y con los flujos de dinero que
acompañan dicha actividad.

El lavado de dinero es un concepto en
expansión y una frase de origen no muy antigua, aunque su
práctica se diese desde que la sociedad ha
fungido como tal. Además, no se contaba con un
entendimiento global de sus efectos nocivos, sus montos no eran
tan grandes (o por lo menos así parecía) como los
de hoy, y los sistemas
financieros no se encontraban tan regulados con respecto a la
necesidad de tales estratagemas. Aunque hay algunos ejemplos de
planes que ocultan la naturaleza u origen delictivo de una
transacción (y se puede encontrar desde la función
del sistema
bancario), comúnmente en torno a la
función de funcionarios públicos, la frase lavado
de dinero se empieza utilizar con mayor frecuencia junto con el
desarrollo lucrativo de los mercados masivos
de droga en la
década de 1960 (Solís, 2001).

No obstante, como mencionamos, el cuento
comienza un par de décadas atrás. Hagamos una breve
reseña histórica. En varios casos se argumenta que
los primeros capitales blanqueados se dieron en los Estados
Unidos, en la época de los gánsteres y de la
llamada Ley seca. Para ese entonces, se dice que en Chicago, en
la década de 1920, un grupo de
delincuentes con negocios en el alcohol, el
juego, la
prostitución y otras actividades
ilícitas, compraron una cadena de lavanderías. Al
final de cada día, juntaban las ganancias ilícitas
a las ganancias provenientes de otros negocios, quedando en
conjunto justificadas como obtenidas en actividades legales
(Solís, 2001).

Así, el origen del término "lavado de
dinero", que es relativamente reciente, se remonta a la
época del mafioso norteamericano Meyer Lanski, bien
conocido en el tiempo de la
prohibición. Este delincuente, por aquel entonces
creó en Nueva York una cadena de "lavanderos" que
servían para blanquear los fondos provenientes de la
explotación de casinos ilegales. Bastaba con poner
cantidades importantes de efectivo, que recogía de los
casinos, dentro de la caja de su cadena de lavanderías;
para que esos fondos ingresaran al círculo bancario
(Solís, 2001).

Sin embargo, se ha practicado cierta forma de lavado de
dinero desde que surgió la necesidad de ocultar la
índole o la existencia de ciertas transferencias
financieras por razones ya sean políticas,
comerciales o jurídicas.

Por ejemplo, al prohibir la iglesia
católica la usura en la Edad Media,
tipificándola no sólo como delito sino
también como pecado mortal,
los mercaderes y prestamistas decididos a cobrar intereses por
los préstamos otorgados innovaron prácticas muy
diversas que se anticipan a las modernas técnicas
de ocultar, desplazar y lavar el producto del
delito. Su objetivo
evidente era hacer desaparecer por completo los cobros por
concepto de intereses (ocultando su existencia) o hacerlos
aparentar ser algo que no eran (disfrazando su índole).
Este engaño se efectuaba de varias formas:

Cuando los mercaderes negociaban pagos a distancia, se
les ocurría elevar artificialmente los tipos de cambio para
que cubrieran al mismo tiempo el pago de los intereses. Llegado
el caso, alegaban que los intereses cobrados no eran sino una
prima especial cobrada para compensar el riesgo
(Solís, 2001).

Otra forma era pretender que los pagos de intereses
surgieran como beneficios, recurriendo a artificios similares a
lo que hoy se llama "empresas
ficticias" o empresas pantalla; prestaban capital a una empresa que
recuperaban como beneficios.

Asimismo, los refugios financieros también tienen
una larga historia en la que aparecen como una pieza necesaria
para esa práctica. Entre los primeros usuarios de los
refugios financieros figuran los piratas que apresaban las naves
comerciales europeas en el atlántico a comienzos del siglo
XVII. Había puertos que abiertamente ofrecían su
hospitalidad a los piratas para disfrutar del dinero que gastaban
y a la hora de retirarse de sus actividades, los piratas buscaban
a menudo refugio en el extranjero (Solís,
2001).

Así, ciertas ciudades sobresalientes del
mediterráneo competían entre sí, tal y como
los países que hoy en día proporcionan refugios
financieros, al ofrecer residencia a los piratas (y a su
dinero).

Al mismo tiempo, los piratas en ocasiones utilizaban su
dinero para comprar perdones que les permitían regresar a
su país de origen. De hecho, en el año 1612 puede
haberse registrado la primera amnistía moderna otorgada a
capitales de origen delictivo. Inglaterra
ofreció, en esa fecha, a los piratas que abandonaran su
profesión, un perdón incondicional y el derecho a
conservar el producto de sus fechorías,
anticipándose en más de tres siglos y medio a los
tratos similares que ciertos prominentes barones de la droga han
solicitado a algunos estados Modernos (Solís,
2001).

Otros más precisan que está
práctica se había originado con posterioridad a
la Segunda Guerra
Mundial, principalmente en Alemania e
Italia, que
vendieron a Suiza oro que
obtuvieron de los países invadidos. Sólo Alemania,
durante ese período, vendió más de 1,600
millones de francos, esto es, diez veces más que sus
reservas federales de ese metal. Es decir, del blanqueo de
capitales proveniente de actividades ilícitas como hecho
económico y social significativo, se tiene noticias desde
al menos hace 60 años. Sin embargo, como fenómeno
criminal surge relativamente hace poco tiempo, o lo que es lo
mismo, a nivel internacional sólo es en los últimos
años cuando se define como conducta
delictiva (Solís, 2001).

Más recientemente, el concepto de lavado de
dinero se origina dentro del marco de crecimiento del
fenómeno de tráfico de drogas. Las políticas
contra el lavado de dinero a nivel nacional e internacional
tienen poco tiempo, además que con frecuencia se les
considera dentro de la estructura
legislativa de las drogas.
Aunque la necesidad de lavar las utilidades provenientes de un
delito siempre se han conectado con una amplia gama del crimen,
por lo mismo muchos países sólo penalizan el lavado
de dinero producto de las drogas. Esto impide comprender las
consecuencias económicas del crimen
organizado y limita la implementación de
políticas (Solís, 2001).

La incautación de activos no es
tampoco nada nuevo en causas penales. Muchos de los antecedentes
de la legislación moderna que facilitan la
congelación y fiscalización o el decomiso de
ingresos y
bienes procedentes de delitos tienen
sus raíces en la noción medieval de
donadíos, y han pasado al derecho moderno en muchos
países e través de la tradición del common
law inglés
(Solís, 2001).

Originalmente, la mayoría de las confiscaciones
consistían en penas impuestas por delitos políticos
más que económicos. Posteriormente, con arreglo al
common law, toda condena por delitos de particular gravedad
(felony) podía tener como pena la confiscación de
los viene inmuebles y de los bienes raíces.

Si bien la confiscación no suele ser tan usual,
se observa una cierta continuidad básica en su motivación. Las confiscaciones
iníciales se justificaban en términos parecidos a
los de las modernas leyes de ocultación de bienes. De
hecho, al igual que sucede con algunas leyes modernas de decomiso
o confiscación, esa pena se imponía, a menudo, por
los ingresos que reportaba el tesoro público
(Solís, 2001).

Incluso después de que decayera la política de privar a
todos los delincuentes peligrosos de sus bienes, se
practicó en tiempos de paz el decomiso y la
confiscación de bienes en aplicación de los
reglamentos de aduana y, en
tiempos de guerra, contra
los enemigos o los simpatizantes del enemigo. De esa
tradición –la incautación de los
artículos de contrabando y
el derecho de la guerra- dimana en su mayor parte la
racionalización moderna de la incautación o los
decomisos de bienes[2](Solís,
2001).

Si bien los actos de lavado de dinero, la
búsqueda de refugios financieros y las prácticas de
incautación legal, tiene precedentes históricos,
sólo recientemente se han tipificado como delito el acto o
la tentativa de lavar los ingresos o los bienes provenientes del
delito (Solís, 2001).

El término lavado de dinero, como se
mencionó antes, surgió en estado Unidos
durante la década de 1920 cuando cierto grupo de
delincuentes trataron de buscar un origen aparentemente
legítimo para el dinero que
sus negocios turbios generaban. Los motivos para ello pudieron
haber sido los siguientes:

• Ocultar su éxito financiero de una policía
  corrupta que trataba de extorsionar pagos por conceptos de
  protección.

• Evitar despertar el interés de sus
  competidores.

• Evitar la posibilidad de ser inculpados por
  evasión de impuestos,
  arma que se utilizó en 1930 contra delincuentes
  respecto de los cuales no prosperaba ningún otro
  cargo.

Para lograr esos objetivos las
bandas criminales adquirían a veces negocios de servicios
pagaderos en metálico, y frecuentemente optaban por
comprar lavanderías, servicios de lavado de coches, con la
finalidad de mezclar fondos legales e ilegales y declarar sus
ingresos totales como ganancias de sus negocios tapadera
(Solís, 2001).

Al hacerlo combinaban en una sola etapa las tres fases
del ciclo normal del lavado de dinero. Por elemental que parezca
este proceso, sigue siendo la médula de la mayoría
de las estrategias
actuales de lavado de dinero. Esquemáticamente el dinero
sucio o ilegal seguirá estas diferentes etapas:

Colocación

Consiste en ingresar a la economía el dinero obtenido de un
ilícito y donde resulta muy importante multiplicar los
circuitos para
disminuir los riesgos
asociados. La colocación se lleva acabo principalmente por
la introducción de recursos económicos
al sistema
financiero, además de otros sectores que cuentan con
mucha liquidez. Dos formas para aumentar los circuitos por donde
transita el dinero de procedencia ilícita son las
siguientes:

• Transportar el efectivo clandestinamente a varios
  paraísos fiscales, y

• Hacerlo circular en el país de origen, a
  través de compañías que manejan efectivo
  y cuya actividad es difícil de controlar (casinos,
  giras de show-busines, clubes nocturnos, exportación, turismo,
  estacionamientos, oficinas de apuestas).

Dispersión

Consiste en enredar las pistas con el objetivo de
complicar y ocultar gradualmente el origen de los recursos
ilícitos. Se puede hacer por medio de la
instalación de sociedades pantalla en plazas financieras
conocidas por su respeto al sector
bancario[3]El dinero, siempre fraccionado, circula
entre ellas por transferencias electrónicas
múltiples, de esa manera se diluye dentro de montajes
financieros complejos.

Integración

Consiste en reconstruir las sumas iníciales a
partir de las sociedades pantalla, distribuidas en todo el mundo
(o distribuidas en varios bancos locales).
Así, el dinero bajo la formas de facturas falsas o
préstamos ficticios, converge a una plaza financiera
mayor, como Wall Street, y está a cargo de empresas
financieras o comerciales completamente legales, pero bajo la
influencia de organizaciones
criminales. De aquí en adelante se reinvierte en
círculos económicos ordinarios.

Finalmente, este circuito permite que el dinero circule
libremente en la economía
mundial (a través del comercio bienes inmobiliarios,
bolsa, metales
preciosos, obras de arte, entre otras
cosas) y a la disposición de sus dueños, que en
adelante serán dueños de una importante casa de
comercio (Solís, 2001).

Cualquiera que sea el agente que se sirva del lavado del
dinero o cualquiera que sean los laberintos que utilice, los
principios
operacionales son básicamente los mismos.

Aquí cabe aclarar que el lavado de dinero es algo
más que contrabandear u ocultar fondos de origen turbio,
aunque esas actividades son un ingrediente esencial del proceso.
Es decir, la operación de ocultar el dinero delictivo, por
ejemplo, gastándolo de forma anónima o
desplazándolo a un país donde no existen sanciones
contra el uso de dinero de origen ilícito, esa
operación no es propiamente lavado de dinero, porque lo
único que se ha hecho es ocultar la existencia de fondos
ilícitos de las autoridades de vigilancia del lugar donde
se cometió el delito subyacente. Ahora bien, si se le da
al dinero la apariencia de una procedencia legítima en
algún lugar donde existen sanciones contra su origen
ilícito, entonces si cabe decir que ha sido lavado, ya que
se ha disfrazado su origen (Solís, 2001).

Pese a que ya es un asunto de amplia difusión,
puede afirmarse que aún no adquiere la reacción y
atención que pudiera esperarse, o hasta
hace muy poco se le ha prestado un poco de
atención[4]Es como enfrentarse a un
fenómeno generalizado de crímenes bajo el signo de
la impunidad o el
disimulo. Sin embargo, reconocer la existencia de la corrupción
y el lavado de dinero no es suficiente para comprender el por
qué y el cómo se desarrolla, la naturaleza, las
estrategias, la manera de penetrar en círculos
estratégicos de una nación,
la definición de sus objetivos entre un lugar y otro, ni
tampoco permite entender los motivos por los que se ha convertido
en un problema tan importante para la sociedad, amén del
gran reto y riesgo para los gobiernos y organismos
multinacionales (Solís, 2001).

Elementos
coadyuvantes al lavado

Desde luego, la corrupción está presente
en esta acción.
En no pocas ocasiones se le ve como acción accidental de
deshonestidad y, sobre todo, porque se asocia al elemento
discreción, además de que evade los controles del
poder estatal,
al participar una persona que brinda algo a cambio de evadir la
ley, en tanto otra permite y favorece esa conducta, vulnerando
con ello el estado de derecho
(Solís, 2001).

Más aún, la corrupción dificulta la
creación de empresas y no fomenta la generación
lícita de empleos y por ende no contribuye con el
desarrollo del mercado
doméstico. Por otra parte, debilita la unidad nacional,
aumenta los problemas
sociales, innegablemente debilita la imagen del
gobierno y tiende
a poner en peligro la estabilidad política de toda la
nación.
Los actos de corrupción también dañan la
relación entre los gobernantes y los gobernados, genera
irritación social –que cada vez es más
frecuente- y cuando se le vincula con la impunidad, reduce la
confianza de la población en sus
instituciones[5]Por ello la corrupción debe
ubicarse como un fenómeno global cuyos efectos pueden
variar, desde impedir el desarrollo
económico, hasta corromper valores sociales y limitar
la estabilidad social de una determinada región
geográfica (Solís, 2001).

La corrupción llega a tomar diversas formas,
independientemente de que existan grados, niveles y medios de
manifestación. Así, puede ser política,
ideológica, individual, organizada, pública o
privada. La podemos asociar al grado de
institucionalización, al ritmo con el que cambia el tejido
social y el desempeño cultural. Si bien implica
transacciones voluntarias de soborno, también significa
extorsión, en tanto que la amenaza de una sanción,
la violencia de
una autoridad, el
poder del corruptor o el corrompido, o simplemente la negativa de
un funcionario a cumplir sus obligaciones,
obligan a entrar en la
transacción[6](Solís,
2001).

Luego entonces, los actos de corrupción llegan a
ser medios para ejercer influencia, que puede ser ilícita
e ilegítima. Al llegar a influir en las decisiones
públicas, aquellos que la emplean procuran participar en
la formulación de la toma de
decisiones o en la decisión misma, en la
aplicación de las normas
relacionadas con la administración
pública, así como en la definición y
aplicación del marco normativo contra los
infractores[7](Solís, 2001).

Básicamente, en los niveles en los que la
corrupción influye se limitan transacciones entre individuo y
autoridad, aunque es en realidad el propio Estado el que puede
llegar a estar formado como una organización mafiosa,
donde la corrupción es resultado de transacciones entre
los grupos
sociales y los miembros de la comunidad
política. Por lo mismo, las personas, si bien pueden
carecer de una cultura
cívica, estarían ciertamente obligadas a participar
en operaciones
corruptas, en tanto que la Ley sería sólo
un formalismo imposible de cumplir y la negativa de
entrar al juego se podría traducir en violencia
por parte de las instancias de autoridad (Solís,
2001).

Abriendo un paréntesis, en el caso particular de
México,
podemos decir que el problema de la corrupción se agudiza
debido a la existencia de tolerancia y
permiso, así como a la práctica de no presentar
denuncias por temor a sufrir represalias, además de los
factores culturales que han permitido la reproducción de esquemas con la misma
naturaleza.

La corrupción también se distingue entre
ideológica anteriormente llamada de "izquierda" y
patrimonial conocida como la de "derecha"[8]. En
diversos países en desarrollo, la corrupción se ve
como parte de la vida diaria pública oficial, es decir,
como forma organizada ante la falta de una real sanción.
Esto trae como consecuencia el deterioro no sólo de las
instituciones,
sino también de las propias autoridades.

La corrupción, y con ella el crimen organizado,
tiene otras implicaciones que vale la pena mencionar. Puede
presentarse en niveles específicos de la jerarquía
oficial o en toda la estructura nacional. Por lo anterior, se
considera como actos de corrupción:

• El fraude.

• El soborno.

• La extorsión.

• La malversación de fondos
  públicos.

• El lavado de dinero, durante los últimos
  años.

El soborno se entiende como la promesa u
otorgamiento de cualquier pago indebido u otras ventajas, de
forma directa o a través de terceras personas
físicas o morales, para instar a la autoridad para que
actúe o deje de realizar la función que le compete
con el propósito de crear o conservar un negocio. En
particular, esta práctica efectuada por personas y
empresarios debilita la eficiencia del
gobierno y al sistema de supervisión (Solís,
2001).

Es oportuno indicar que la medición del producto total de una
nación es una ciencia
imperfecta, aún en aquellos países donde las
estadísticas gubernamentales son
confiables. La actividad económica no reportada (la
economía subterránea o el mercado negro) es una de
las características más importantes en el escenario
económico mundial, ocasionando usualmente que la
recaudación sea baja (con altas tasas impositivas para los
participantes de la economía formal), menores gastos en
seguridad
social y altibajos en las regulaciones públicas
(Solís, 2001).

Así por ejemplo, de entre los países
industrializados y de mayor desarrollo, la economía
subterránea en Italia se estima cerca del 26% de su
producto interno
bruto para el año 1994, seguida por Bélgica con
21%, Suecia, Noruega y Dinamarca con 18.3, 17.9 y 17.6%,
respectivamente (Solís, 2001). En varias de estas naciones
desarrolladas este tipo de economía depende del nivel de
corrupción, aunque esta es una variable difícil de
medir, por lo que el índice se basa en el producto y
percepción de la gente trabajando en
instituciones y negocios de cada país; por ello la
definición que pudiera utilizarse sobre corrupción
es: el mal uso del poder público para usos privados
(Solís, 2001).

Cuadro 1

Frente a estos escenarios, Nigeria se percibe como la
nación con mayor corrupción para 1997, seguida de
Bolivia y
Colombia.
México aparece, inmediatamente después de Rusia y
Pakistán, en el lado opuesto de la moneda, se clasifica a
Dinamarca como el país con menor corrupción,
seguida por otros dos países europeos: Finlandia y
Suecia.

Cuadro 2

¿Qué condiciones o factores promueven la
corrupción? En concordancia con el Fondo Monetario
Internacional, las restricciones comerciales, los controles
de precios, los
subsidios gubernamentales, la existencia de tasas
múltiples de cambio y los bajos salarios de servicios
públicos, son elementos que la favorecen. Por tanto,
las consecuencias de la corrupción y un menor crecimiento
económico ocasionan la mala aplicación de los
recursos, desmotiva la inversión y reduce la efectividad
distributiva del ingreso (Solís, 2001).

Droga factor
determinante

El desarrollo del mercado internacional de drogas,
pasando de una industria
casera a un comercio global de miles de millones de
dólares, puede remontarse al enorme brote de la demanda de
drogas en los Estados Unidos y Europa Occidental
durante la década de 1960 y
1970[9]Así, el tráfico de drogas es
una de las actividades comerciales más lucrativas del
mundo. Los cálculos del valor de todas
las ventas del mundo al menudeo de drogas ilícitas van
desde 100 mil hasta 400 mil millones de dólares anuales
(Solís, 2001).

Ese brote desencadeno una rápida expansión
de la producción mundial y el tráfico de
drogas para satisfacer la demanda de esos mercados en
expansión. Mientras tanto, las mejoras en comunicaciones, transportes y tecnologías
de la información han hecho que las fronteras
internacionales sean más porosas. Las drogas
ilícitas, como los bienes, servicios, dinero y
traficantes. Vale la pena hacer algunos comentarios y dar
antecedentes de lo que es la droga y lo que su venta implica en
su metamorfosis a dinero y la lucha contra el lavado de este
último (Solís, 2001).

Un antecedente histórico acerca del
tráfico de drogas y la riqueza que se obtiene de su venta
procede de las Guerras del
opio sostenidas por Inglaterra en contra de China
–una en 1839 y otra en 1856- motivadas, por los controles
que los gobernantes chinos intentaron establecer sobre los barcos
ingleses que introducían ilegalmente el opio traído
de la India a China,
por la oposición de Inglaterra bajo el interés de
no perder una forma importante de acumulación y de
extracción de riquezas[10](Solís,
2001).

El opio es una planta utilizada con fines medicinales en
Asia desde que
los turcos la introdujeron en el resto del continente, entre los
siglos IX y X. es convertido en un producto negociable e
incorporado en el mercado regional en calidad de
mercancía de gran valor cuando surge el capitalismo y
su búsqueda insaciable de trabajo,
ganancias y mercado.

Los primeros en explotar el opio como mercancía
fueron los portugueses, pero los que verdaderamente utilizaron
esta vía como una forma de acumulación de capitales
y riqueza fueron los ingleses en el siglo XIX, aunque igualmente
norteamericanos y franceses aprovecharon ampliamente el
negocio.

Esto se da porque cuando Asia fue descubierta por los
países europeos poco podían estos países
ofrecerle a ese continente lleno de oro, plata, seda, especies y
cerámicas finas. Por eso, en un principio los europeos
tenían que deshacerse de sus propias riquezas
(fundamentalmente oro y plata) para comprar en Oriente las
maravillas de que carecían. Esto no resultaba un buen
negocio para ellos, que rápidamente descubrieron la
vía del colonialismo como forma de apropiarse –a
cambio de nada- de las riquezas, y en los países en que
esto no podía hacerse, el opio emergió como una
salida idónea para resolver el conflicto
(Solís, 2001).

La British East India Company, compañía
privada a la que el gobierno británico había
prácticamente concedido el control político y
económico de la colonia india, fue la encargada de llevar
adelante la mayor empresa económica vinculada a la
comercialización del opio. La base de esto
fue el expandir e impulsar la adición al opio en toda
Asia, y particularmente en la enorme población China, en
donde introducían enormes cantidades del producto
hindú llegadas en barcos que retornaban a Inglaterra
cargados de los preciados productos y, más aún,
cargados de oro y plata (Solís, 2001).

Resultó ser un negocio redondo la venta del opio,
donde prácticamente todo eran ganancias, pues la
producción en la India salía a precios muy bajos
para la explotación colonialista de la mano de
obra.

En esos momentos ni remotamente le conviene a ninguno de
esos países que estaban haciendo uso de tan lucrativo
negocio incluyendo entre estos a Estados Unidos Americanos,
hablar de la ilegalidad del opio. Muy por el contrario, cuando
los gobernantes chinos se dieron cuenta de los cambios operados
en su población y de la sangría de riqueza que
estaba ocurriendo, en parte por razones éticas y
más aún por razones económicas, dictaron las
Reglas Manchu que marcaron una política anti-opio que
obligaba la inspección de los barcos que llegaban a los
puertos a y a la confiscación del opio encontrado.
Entonces los comerciantes norteamericanos se quejaron y los
ingleses se rehusaron, recibiendo el apoyo del Parlamento
Británico que decidió declararle la guerra a china
en 1839 (Solís, 2001).

El interés por no perder las múltiples
ganancias obtenidas de este negocio fue lo que llevo a esta
guerra y a la siguiente. El papel económico jugado por el
opio en la consolidación del proceso de acumulación
de los países capitalistas fue muy importante. Se calcula
que durante un tiempo la venta del opio proveía entre un
40 y un 50% de los ingresos de los gobiernos coloniales de la
región (Solís, 2001).

Para países como Inglaterra la acumulación
en dinero y riquezas fue definitivamente muy importante,
calculándose que aproximadamente un 15% de la
industrialización de ese país se debió al
negocio del opio (Solís, 2001).

Para los norteamericanos, aunque en menor cantidad, fue
también de gran relevancia económica. El negocio
americano era menor que el de sus competidores ingleses, sin
embargo, era amplio, beneficioso e importante para el desarrollo
del capitalismo americano. Entre 1816-1818 había un
volumen anual
de 672,900 libras de opio manejadas por los comerciantes
norteamericanos. Esta cantidad de opio, de acuerdo con los
historiadores Latourette y Dulles, formó el capital que
fue básico para el crecimiento y la
industrialización de la Nueva Inglaterra. Los beneficios
provenientes del negocio del opio fueron invertidos en los
textiles de Massachusetts y en otros estados de Nueva Inglaterra.
Además, el opio ayudó a crear una fuerza de trabajo
para la expansión capitalista en Asia y América
y los beneficios provenientes de este proveyeron el capital para
el desarrollo del sistema fabril en Nueva Inglaterra
(Solís, 2001).

Mientras el negocio del opio fue económicamente
funcional a los intereses de los países desarrollados, no
se contemplo su ilegalidad sin que, por el contrario, fueran los
mismos países que ahora promueven el prohibicionismo los
que antes promovieron y se aprovecharon de los beneficios
económicos que les respetaba el tráfico y consumo del
opio.

Paradójicamente ocurre una situación que
debería ser altamente significativa para los actuales
políticas con relación a las drogas: como puede
comprobarse históricamente, el negocio del opio
comenzó a declinar y a dejar de ser tan lucrativo cuando
China, después de la Segunda Guerra del opio, fue obligada
por Inglaterra a legalizar la producción y el consumo del
opio en su territorio.

Resultando contrario a lo que esperaban los ingleses, si
bien el negocio en el momento inmediato se incrementó con
la legalización, rápidamente comenzó a
declinar, siendo la clave de esto el derecho que se había
reservado el gobierno chino de aplicar impuestos a todo el opio
importado, y el hecho de que los campesinos chinos tuvieron la
posibilidad de sembrar su propio opio, con lo que la competencia
arruinaría tan lucrativo negocio de importación (Solís,
2001).

En cuanto a EUA, la primera ley prohibiendo el opio
apreció en 1886, y fue el resultado de un acuerdo con
China en el que este país se comprometía a
controlar la inmigración china hacia EUA (ya que se
había desbordado la necesidad d emano de obra barata para
construir los ferrocarriles), a cambio de que EUA redujera la
introducción de opio a China a través de barcos
norteamericanos. Como el negocio involucraba ya a un grupo
reducido de navieros, el gobierno norteamericano accedió y
votó la ley (Solís, 2001).

Loa droga derivada de la Papaver Sommniferum no fue
consumida sólo por los hombres sometidos sólo por
el colonialismo. En EUA al principio del siglo XX los
consumidores de opiáceos y en menor medida de cocaína
sumaban 200,000 personas, lo que representaba un adicto por cada
400 habitantes. Esto llevó a EUA a convocar la conferencia
mundial de Shanghái en 1909 para buscar la
regulación del tráfico del opio. Y años
más tarde fue promulgada la Harrison Act, para prohibir el
consumo de opio y cocaína (Solís, 2001).

En el siglo XX, las potencias capitalistas se disputaron
el control de la producción y comercio de
narcóticos. Su dominio fue
más urgente en épocas de guerra. Al finalizar la
década de 1930 el capital británico ejercía
el mayor control. La producción en La India, Egipto,
Irán,
Afganistán, los Balcanes y el Sur de
África
estaban bajo su dominio. EUA participaba en menor medida mientras
que Alemania buscaba el control de la producción de
Turquía (Solís, 2001).

El inicio de la Segunda Guerra
Mundial determinó que muchos de los interesados
buscaran territorios alternativos para la siembra de la amapola.
Por ejemplo, el flujo de materias primas comenzó a
escasear en América. El gobierno de EUA y los comerciantes
ilegales resintieron la caída de Shanghái a manos
de los japoneses y la guerra en el Mediterraneo y el
Atlántico (Solís, 2001).

Entonces, el gobierno de EUA solicita al de
México el permiso de cultivar la amapola en su territorio
y poco después las tierras del estado de Sinaloa se
destinaban a ese propósito con el fin de atender las
necesidades de la industria farmacéutica durante la
guerra. Paralelos a los capitales del gobierno de EUA vinieron
también los capitales de las organizaciones del crimen de
aquel país (Solís, 2001).

Al finalizar la Segunda Guerra mundial la
disputa por el manejo mundial de las drogas entre las potencias
capitalistas era un hecho. Gran Bretaña perdía
terreno frente al ascenso del imperio norteamericano. Así
como EUA se imponía en todas las áreas productivas,
en ele territorio de la producción y comercio de drogas os
capitales de la nación norteamericana salían
adelante para ganarse a los consumidores del mercado. Fue
así como se desató en los primeros años de
postguerra una lucha a muerte entre
Occidente y Oriente con México de por medio, por conservar
el control universal del opio. Si Oriente ganaba,
terminaría la corta pero sensacional vida de México
como productor de opio. Si Occidente triunfaba, el gigantesco
trust asiático-europeo, sostenido por dinero
inglés, se derrumbaría, y México a pesar de
todos los esfuerzos del gobierno continuaría en la primera
línea de producción de goma de amapola
(Solís, 2001).

Sin embargo, las cosas fueron diferentes.

Con la independencia
de la India en 1947 y el triunfo de la Revolución
China se modificó la situación para el capital
inglés. Mientras tanto, EUA lograba reducir
significativamente, con la ayuda del gobierno mexicano, la
producción y el tráfico de opio para su territorio
(Solís, 2001).

Si bien, el mercado del opio permaneció, su
abastecimiento se redujo y estuvo bajo control por dos
décadas. Tendría que producirse la gran
movilización revolucionaria a escala universal
con la revolución vietnamita, los movimientos de las
naciones oprimidas por EUA, el movimiento contra la guerra
imperialista y la insurgencia estudiantil obrera de las naciones
europeas y latinoamericanas a finales de la década de 1960
y principios de la de 1970 para que el mercado se reactivara y
adquiriera proporciones cada vez mayores, en la medida que
distintos productores –con sus diversas drogas ilegales-
ganaban progresivamente terreno en el mercado creciente de
consumidores de EUA y otras naciones
industriales[11]

Más recientemente, también la
globalización ha afectado profundamente los incentivos y las
oportunidades de producir, traficar y consumir drogas.

La técnica ha hecho posible producir, cultivar y
refinar drogas en lugares distantes, mientras que la
expansión del comercio, el transporte y
el turismo han facilitado la distribución de drogas hasta
remotos mercados. Más aún la creciente integración del sistema financiero global
ha ofrecido a los traficantes de drogas muchas más
oportunidades de "lavar" las ganancias ilícitas y con ello
el poder necesario para corromper economías, instituciones
democráticas y, en algunos casos, gobiernos enteros
(Solís, 2001).

Durante gran parte del siglo pasado, el XX, las drogas
ilegales consumidas por norteamericanos se producían en el
extranjero, en un pequeño número de países.
Sin embargo, esa nación inició presiones
diplomáticas, así como ayuda económica y
aplicación de la ley, a cambio de su cooperación
para combatir el mal (Solís, 2001).

Por ejemplo, en 1969 el presidente Richard Nixon bloqueo
un cruce clave de la frontera
norteamericana-mexicana para obligara a México a emprender
acciones
contra la producción de heroína y de marihuana, que
estaba abasteciendo el mercado de drogas en EUA. Después
EUA aportó más de 100 millones de dólares
para apoyar la campaña del gobierno mexicano para
erradicar las cosechas de esos productos mediante herbecidas;
este ejercicio logró reducir la producción de opio
y marihuana en México a finales de la década de
1960 (Solís, 2001).

Ese mismo presidente amenazó con reducir la ayuda
exterior a Turquía a menos que dejara de producir opio, el
cual abastecía a los traficantes de la "conexión
francesa", por entonces la principal fuente de heroína que
entraba a EUA con una ayuda norteamericana de 50 millones de
dólares, Ankara se las arregló para dar otros
medios de vida a los campesinos que habían sido
perjudicados por su nueva política de prohibir el cultivo
tradicional de opio. Sin embargo, al paso del tiempo
permitió que un número ilimitado de campesinos
cultivaran la papaver bracteatum, más fácil de
controlar, pues requiere un importante proceso industrial para
extraer el narcótico (Solís, 2001).

No obstante estas medidas, los éxitos logrados en
ambos países fueron pasajeros, ya que los traficantes de
Asia y el Medio Oriente comenzaron a aumentar la
producción, amén de encontrar nuevas rutas de
contrabando para abastecer de heroína a los mercados
norteamericano y de Europa Occidental. Esta pauta ha continuado,
pero ahora en mayor escala, pues el combate efectivo en un punto
de la cadena de abastecimiento sólo ha provocado la
apertura de nuevos frentes[12]Por eso, las
legislaciones nacionales e internacionales se han modificado de
forma acelerada para sancionar a sus productores y comerciantes
(Solís, 2001).

La introducción de reformas a los códigos
penales por los delitos contra la salud se
generaliza[13]No obstante, las leyes no han
desalentado el consumo y la producción de drogas. Por
ejemplo, en EUA la Ley General de Control para evitar el Abuso de
las Drogas, de 1970, se ha modificado en múltiples
ocasiones porque la lucha contra las producciones ilícitas
ha fomentado la rápida transformación ene le campo
de las drogas. Por ejemplo, el combate a las drogas naturales ha
llevado a su sustitución por otras sintéticas,
producto de las industrias
químico-farmacéuticas. De esta manera cuando una
droga es prohibida por las leyes penales, eso incita a la
producción de sucedáneos y se vuelve un juego de
"perro que se muerde la cola".

Los primeros métodos de
fiscalización de drogas concentraban sus esfuerzos en el
tráfico, asumiendo medidas represivas. La estrategia de la
década de 1970 evolucionó. En la década de
1980 surgió el concepto del enfoque equilibrado, en el
cual se atacó con igual vigor a cada etapa del proceso de
producción, tráfico y distribución de las
drogas ilícitas. En este sentido, se propuso que para
eliminar el cultivo ilícito fuera posible darle al
agricultor el acceso a otras fuentes de
ingreso. Las estrategias instrumentadas en la década de
1970 cambión en las siguientes 1980 y 1990 hacia
políticas más amplias de desarrollo, tomando en
cuenta aspectos socioeconómicos determinantes en el
cultivo de hoja de coca y de la amapola, así como en la
producción de heroína y drogas
químicas[14](Solís,
2001).

Al margen del uso de las drogas, se ha generado su
tráfico ilícito con incrementos económicos
de dimensiones gigantescas, particularmente en los últimos
veinte años, formándose empresas de narco o
cocadólar, los cárteles y las mafias, en los
denominados países productores o proveedores de
tales sustancias, especialmente en EUA, Italia, China, Francia,
Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador,
México, Panamá,
Jamaica, Chipre, Macao, Honduras, y Singapur entre otros
países. Debe tenerse siempre presente que las operaciones
de la droga se hacen en efectivo, siendo el dólar
norteamericano el comúnmente usado, y en billetes de baja
denominación, introduciendo inmensas cantidades de ellos a
la circulación (Solís, 2001).

Por ello, una de las principales preocupaciones en la
mayoría de los países es la pérdida del
control sobre el aparato estatal por la infiltración de la
corrupción, donde en más de una ocasión se
conoció públicamente el soborno a miembros clave de
la policía, el ejército o el poder judicial y
sobre todo la creación de una red de redes vinculadas con el
narcotráfico y el lavado de dinero en áreas
específicas de esos países (Solís,
2001).

Tomando los indicadores
anteriores como base, aquí cabe mencionar algunos ejemplos
en el ámbito latinoamericano para el tema que estamos
tratando sobre el lavado de dinero y actividades ilícitas
y de corrupción. El de Bolivia (tras el golpe de estado
de 1980 relacionado con el narcotráfico), Panamá (la
supuesta relación del general Manuel Noriega con el
cártel de Medellín) y Colombia ( el arresto del
tesorero de campaña del presidente Ernesto Samper por su
aparente aceptación de contribuciones del cártel de
Cali) (Solís, 2001).

Bajo ese esquema, una de las prioridades relacionadas
con la corrupción es el combate al narcotráfico y
el consecuente lavado de dinero. Debido a sus alcances y a la
relación con diversas actividades, estos fenómenos
representan una real amenaza para el bienestar de la sociedad y
el orden público. Por ello no es simplista decir que la
defensa de la soberanía mexicana es un principio
fundamental de política exterior y de seguridad
nacional. En torno a este último tema, debe trabajarse en
estrategias y líneas de acción para garantizar, por
un lado la seguridad nacional del país, la coordinación y unidad de criterios entre
las distintas dependencias involucradas en el combate al
narcotráfico y el lavado de dinero y, por el otro, la
cooperación internacional para el intercambio de
información y el fortalecimiento de alianzas
estratégicas.

Por lo expuesto hasta aquí, puede decirse que la
corrupción y el lavado de dinero son fenómenos
antisociales con implicaciones de carácter internacional que afecta no
sólo intereses patrimoniales e individuales, sino
también sociales, y en cuyo desarrollo se involucran, por
lo general, organizaciones delictivas que disfrazan sus
operaciones bajo aparentes actividades licitas, como son las
comerciales, empresariales o financieras.

Conclusiones

Una medida eficaz para avanzar en el combate al lavado
de dinero, es la unificación de legislaciones en parte
importante en la barrera que debe construirse; la otra,
establecer una estrecha cooperación internacional entre
las autoridades judiciales y administrativas de los diferentes
países, ya que los delincuentes en su actividad de
blanqueo precisan del escenario internacional. Así, la
cooperación regional y multinacional debe jugar un papel
importante en torno al llamado secreto bancario, que a pesar de
constituir un aspecto muy valioso, ha de suprimirse para impedir
que, tras el mismo, se oculten los beneficios por actividades
ilícitas. Además deben reconocerse que los
controles que se establezcan deben de jugar un papel central en
la prevención del lavado de dinero, y no solamente
utilizarse para notificar determinada información a la
autoridad. Los controles también deben de obedecer a una
estrategia completa de negocios basada fundamentalmente en que
los intermediarios financieros (y deseablemente los no
financieros también) conozcan adecuadamente a sus clientes, de tal
forma que les permita identificar el patrón de comportamiento
de sus actividades financieras y reportar a las autoridades
cuando sus clientes salen de su patrón normal de
comportamiento.

Nacional e internacionalmente es importante lograr que
las instituciones financieras declaren ágilmente las
operaciones sospechosas, pero sin alertar a los clientes de los
que se presume depositan fondos provenientes de actividades
delictivas. En contra partida a la colaboración, debe
eximirse a tales empresas, a sus directivos y empleados, de
responsabilidad alguna, como resultado de una
información proporcionada de buena fe.

Para reforzar esta tesis, dichas
instituciones deben de reforzar los procedimientos de
auditoría
interna, asegurar la información y velar por la
capacitación del personal respecto
a las normas y principios fijados para combatir el blanqueo.
Resulta importante señalar que las medidas y
recomendaciones establecidas por organismos como el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAF) no son
específicamente complicadas o difíciles, siempre
que exista voluntad política de actuar, además de
que tampoco comprometen la libertad de
llevar a cabo operaciones lícitas, ni amenazan el
desarrollo económico, aunque debe buscarse un equilibrio
para que estas recomendaciones no resulten una carga excesiva
para el sano funcionamiento del sistema financiero.

Independientemente de los controles o barreras que se
establezcan para combatir el lavado de dinero, cualquier
normatividad nacional e internacional siempre deberá tener
en mente el principio fundamental de instaurar una cultura de
ética
profesional y a las leyes, el acatamiento inquebrantable del
Estado de Derecho.

No hacer lo anterior afectaría irremediablemente
la estabilidad política, económica y social de las
naciones.

Bibliografía

• SOLÍS Leopoldo (Comp.) 2001. El lavado de
  dinero: distorsiones económicas e implicaciones
  sociales. México: Instituto de Investigación Económica y Social
  Lucas Alemán, A. C.

• ESCOBAR, Raúl Tomás. 1992. El crimen
  de las drogas. Buenos Aires,
  Argentina: Universidad.

• BULIT G. Roberto J. 2001. El lavado de dinero en
  la legislación y jurisprudencia americana. Revista
  Jurídica Argentina, La Ley. No 103. Buenos Aires,
  30 de abril 2001. Tomo C, p. 1109.

• ADRIOSOLA, Gabriel. 1994. El nuevo derecho sobre
  tóxicos y el nuevo lavado de dinero de las drogas.
  Montevideo, Uruguay:
  Fundación de cultura Universitaria. P. 63.

Datos del autor.

José Luis Villagrana
Zúñiga

Licenciado y Maestrante por la Unidad Académica
de Economía, Universidad Autónoma de Zacatecas,
México.

Zacatecas, Zac., Estados Unidos Mexicanos, Diciembre de
2008.

[1] De esa manera el lavado de dinero sucio
no solamente compromete al proveniente del narcotráfico,
sino de cualquier actividad delictiva de crimen organizado como
por ejemplo: la trata de blancas, secuestros terroristas,
delitos ecológicos y defraudación tributaria,
entre otros.

[2] De aquí se traslada la
noción de guerra a la lucha contra la droga o contra la
delincuencia.

[3] Los antecedentes del secreto bancario
estas en el sistema suizo, remontándose a 1916,
iniciativa que en realidad no se concreto
pues estaba en plena la Primera Guerra
Mundial, aunque sirvió de base para la futura Ley
Bancaria de 1934; no obstante, más de uno la vincula con
el crack de Wall Street de octubre de 1929.

[4] Por ejemplo en México apenas se
está iniciando a tomar cartas en el
asunto de manera más consiente, sin embargo, el impacto
del crimen organizado y el lavado de dinero se ha convertido en
un "fenómeno social" que es mal visto mientras no
beneficie.

[5] También llega a establecer
patrones de conducta política entre gobernantes y
gobernados, sustentadas en prácticas como el
corporativismo.

[6] Cabe mencionar que la coerción no
se desvanece en la transacción corrupta, constantemente
está presente y puede utilizarse en cualquier momento
con el fin de garantizar la satisfacción de intereses
privados.

[7] Se hace con pagos ilícitos,
entendidos estos como cualquier ventaja económica
ofrecida, pagada o proporcionada de cualquier forma a un
funcionario público, con el fin de que lleve a cabo
actos u omisiones violatorios de sus obligaciones legales.

[8] Por ejemplo, se señala que la
corrupción de los ex-países socialistas se
escudaba en lo que se calificaba como la inocencia culpable:
"nosotros, los socialistas, somos los buenos, los portadores de
los valores
y la representación de las clases explotadas; en tanto
que buenos, entre nosotros el mal es imposible". Aunque los
países más representativos del régimen
capitalista, tampoco quedan fuera: "Dios está con
nosotros".

[9] Informe de
una fuerza de trabajo independiente. Reflexiones sobre el
control internacional de drogas, nuevas directivas para la
política norteamericana.

[10] Ana Josefina Álvarez
Gómez: la droga y su funcionalidad social y
económica.

[11] Para finales del siglo XX se estimaba
que el mercado de drogas abarcaba más de 250 millones de
personas, aunque la producción de cocaína pudiese
abastecer a 600 millones de potenciales adictos (Solís,
2001:13).

[12] Para muestra el gran
esfuerzo realizado por el gobierno de Calderón Felipe en
México. Donde al parecer el impacto del crimen
organizado en la sociedad civil
ha incrementado.

[13] A escala internacional, se
legisló y estableció la Convención
Ãsnica de 1961 sobre estupefacientes de la ONU y en 1972
se probó un protocolo de
modificaciones. Se buscaba que el producto no llegue al
consumidor.

[14] Declaración política de
Naciones
Unidas.